El pasado día 4 de diciembre, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Tal y como señalaba el texto legislativo, a pesar de que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), en vigor en España desde 2014, prohíbe expresamente las esterilizaciones forzadas, el Código Penal permite que, en nuestro país, siga llevándose a cabo esta práctica que vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad.
La permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional, sustentada en mitos como “el bien de la familia”, “la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres” o “por su bien”, atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención internacional de las personas con discapacidad, en vigor desde hace ya más de una década.
Fuente :